El compliance o cumplimiento normativo, según el Comité de Basilea, es una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas (juntos “leyes, reglas y estándares”). Es, sin duda, una herramienta capaz de regular la actividad de la empresa, protegiéndola de cualquier tipo de riesgo.
Este nuevo término anglosajón, nace como respuesta a la necesidad de asegurar un cumplimiento normativo y complejo en el ámbito financiero. Para ello, se crean una serie de departamentos encargados de asegurar el cumplimiento normativo de la empresa, focalizándose detenidamente en cada sector de la empresa y pudiendo llegar más lejos a través de éste.
Este cumplimiento normativo se lleva implantando en Europa durante los últimos diez años, debido a una serie de reformas en la normativa nacional e internacional, que cada vez es más exigente con el sector financiero. En España, este concepto de moda llega más tarde, instaurándose primero en aquellas empresas con carácter internacional, para proporcionar seguridad a sus socios y clientes extranjeros.
El cumplimiento normativo viene regulado en la Ley Orgánica 1/2015.
El compliance está compuesto por una serie de actuaciones, que han de coordinarse entre sí y planearse adecuadamente:
Tradicionalmente, estas funciones recaían en los departamentos de asesoría jurídica. Sin embargo, y debido a la necesidad de cumplir con la normativa estipulada, se han creado puestos de trabajo especializados en esta función, ya sea desde dentro de la empresa (asesor in-house) o como parte de empresas especializadas en compliance.
Con todas ellas, el empresario puede probar, ante un supuesto procedimiento penal, que su empresa está llevando a cabo sus funcionas conforme a la legalidad, previniendo y detectando delitos antes incluso de que lleguen a materializarse.
Como consecuencia del auge del compliance, son muchos los clientes que contratan los servicios de Detectives Privados para indagar si las empresas a con las que tratan cumplen correctamente con la normativa vigente.
Su labor básicamente se centra en la detección de actuaciones que van en contra de los intereses de la empresa, como de la prevención. Además, se encargan de gestionar los riesgos que la empresa pueda tener de forma preventiva, así como ayudar a luchar contra la corrupción y el fraude. Con todo ello, el objetivo primordial es la seguridad y la salud de la empresa y de los trabajadores que la integran.
